DECLARACIÓN

El proyecto Planeta Paz ha trabajado desde su fundación en el año 2000 en el apoyo al fortalecimiento de los sectores sociales populares para que contribuyan al conocimiento de la realidad nacional, la constitución de sujetos políticos democráticos capaces de construir sociedad y nación con justicia social, y a la búsqueda de soluciones viables al conflicto social, político y armado colombiano.

Con esta trayectoria y en el contexto actual, Planeta Paz manifiesta su apoyo tanto al proceso de negociación de La Habana y lo que él significa para la continuidad de las acciones populares de construcción de paz, como al Frente Amplio para la Paz.

Artículos

Modificada la licencia ambiental de represa el Quimbo a favor de multinacionales

pogreso-represasRef: Carta abierta y derecho de petición, artículo 23 C.P.: CARLOS COSTA, Ministro de Ambiente, CLAUDIA MORA, Viceministra, DIANA MARCELA ZAPATA, Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales.

Como lo habíamos anticipado el Ministerio de Ambiente a través de la directora de licencias, Diana Zapata, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó nuevamente la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto' (La Nación, 02-02-2010)

La ingeniera Zapata ya lo había anunciado ante la solicitud de "conciliación prejudicial" interpuesta ante la Procuraduría por Emgesa que bajo el supuesto de "hacer algunas aclaraciones en temas de compensación ambiental" busca reducir, en connivencia con Minambiente, los costos sociales, afectando a sectores vulnerables y disminuir las compensaciones forestales. La funcionaria puntualizó: "este punto se estudia y esperamos que quede listo este mes. Luego lo revisará la Procuraduría, que es garante de la propuesta de Emgesa" (La República, 12-03-2010) No queda duda, además, que el ente de control garantizará favorecer a la compañía y no a los afectados.

Actuación similar asumió la directora de licencias cuando Emgesa interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0899 logrando modificarla a su favor a través de la Resolución 1628 razón por la cual los afectados solicitamos a la CIDH "se realice el seguimiento y estudio de todo el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y, en particular, si existe coherencia entre las consideraciones de orden jurídico, y los impactos ambientales, sociales y culturales y las obligaciones que competen a la empresa Emgesa".

Ahora Emgesa ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de cumplir con el plazo previsto de generación de energía en el 2014, según lo estipulado en la subasta pública y consciente de que sería multada, amenaza con una nueva demanda contra el Estado derivada de lo expresado por uno de sus apoderados: "¿quién va a pagar los daños causados por la demora en la iniciación de la obra?", durante una audiencia testimonial de la Acción Popular contra Emgesa que cursa actualmente en el Juzgado III Administrativo en Neiva.

Lo preocupante es que la justicia viene operando a favor de las transnacionales para garantizar "la confianza inversionista" y lo más probable es que Emgesa contará a su favor con jueces que actuarán de manera similar a los asesores jurídicos y funcionarios de Minambiente, como es el caso del comportamiento servil e indigno de la directora de licencias quien sigilosamente entrega los bienes de la nación, en un negocio turbio, a espaldas de las comunidades afectadas y de las organizaciones intervinientes como la Fundación el Curíbano, a quienes no rinde cuentas públicas, convencida de las informaciones falaces de Emgesa que ha intentado por todos los medios ocultar la inconformidad generalizada de la población contra la construcción del proyecto El Quimbo y el incumplimiento y tergiversación permanente de sus obligaciones.

Sin duda, la ingeniera Zapata es una funcionaria "eficiente" al servicio de los negocios particulares, privilegiando el de las transnacionales, tal como ella lo reconoce: "en general una licencia se demora 18 semanas. Por ejemplo, en temas de infraestructura y viales las hemos estudiado en 11 ó 12 semanas". El tiempo depende de varios factores, entre los cuales está si cerca al proyecto hay comunidades (como sucede con El Quimbo) o ecosistemas de gran importancia (como el caso La Colosa). Colombia en comparación de otros países Latinoamericanos es uno de los más eficientes en licenciamiento ambiental, ya que en otros lugares se puede tardar tres o cuatro años" (La República, 12-03-2010)

Razón le asiste al exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño cuando en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, "Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello" aseveró con relación al rápido otorgamiento de la licencia a Emgesa: "precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos...los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría"
Con fundamento en el derecho constitucional a la participación ciudadana, el artículo 23 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, solicitamos al Ministerio de Ambiente:

1) Informar directamente a ASOQUIMBO, a la Fundación el Curíbano y a Plataforma Sur de Organizaciones Sociales sobre todas las modificaciones que se realizaron a la Resolución 0899 y que quedaron registradas en la Resolución 1628 y los aspectos que Minambiente ha acordado con Emgesa para efectos de "conciliación prejudicial" que cursa en la Procuraduría. Explicar las razones por las cuales el gobierno viene cediendo a las pretensiones de Emgesa a través de los recursos interpuestos.
2) Confrontar el concepto técnico sobre los resultados de la visita de seguimiento a la Gestión Social, realizada en octubre de 2009, con antelación al acogimiento del mismo mediante Acto Administrativo, con las versiones de los afectados en una Asamblea General convocada por el Ministerio de Ambiente y ASOQUIMBO en el municipio de Gigante Huila.
3) Solicitar al Ministerio de Minas que con antelación a la aprobación del Manual de predios unitarios se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de los bienes materiales e inmateriales y la compensación de los mismos en igualdad o mejores condiciones, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.


Reafirmamos nuestra decisión de mantener el diálogo y la concertación únicamente con el Ministerio de Ambiente por ser la institución responsable de la firma de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y exigimos la presencia permanente del Estado Colombiano y sus organismos de control que tienen la obligación constitucional de proteger y garantizar todos los derechos de los ciudadanos.

Refirmamos nuestra oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y como alternativa proponemos convertir la Zona en una gran reserva campesina empresarial agroalimentaria con amplia financiación del Estado. En tal sentido, anunciamos la realización de múltiples acciones de resistencia en cumplimiento del Plan de Acción 2010 aprobado unánimemente por ASOQUIMBO y, específicamente, la movilización que hemos acordado para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y la ciudad de Neiva a favor de la Reserva campesina, la Indemnización inmediata y la restitución de los derechos a raíz de los daños ocasionados por la Resolución 321 y a impedir la iniciación de la obra.
Responsabilizamos al Gobierno, a su Ministerio de Ambiente y a Emgesa de la presencia de personas extrañas en la Zona de El Quimbo y de la profundización del conflicto en la región por cuanto sus actuaciones, al aprobar la Licencia ambiental contra la voluntad de la mayoría de los afectados, son generadoras de diversas formas de violencia que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y la preservación del medio ambiente.
En constancia se firma en Rioloro, Gigante Huila, Colombia el 3 de abril de 2010

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO -ASOQUIMBO- Junta Directiva
ELSA ARDILA MUÑOZ, Presidenta, JAIRO CALDERÓN, Secretario General, JUAN CARLOS BRAVO, Tesorero

FUNDACIÓN EL CURÍBANO TERCER INTERVINIENTE CASO EL QUIMBO, ARTÍCULO 69 DE LA LEY 99 DE 1993
LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS, Representante Legal, LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, bióloga
Representantes de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo), La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, Remolinos, Párroco de Rioloro, EDUDES MAZO PELAEZ. (siguen firmas)
ASOCIACIÓN DE AGROEMPRESARIOS AFECTADOS POR EL QUIMBO -AGROEQ-
MIGUEL RODRIGEZ HORTUA, Vicepresidente
PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Belén Alarcón Alarcón, representante legal, José Jairo González, investigador Miller Dussán C, investigador, Jenniffer Chávarro, comunicadora social, Rolando Botello, comunicador social y concejal de Gigante Huila, Oscar Reyes, Asesor Jurídico.
Siguen firmas.
c.c. Procuraduría General de la Nación, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas, Gobierno del Huila, Senadores y Representantes Huilenses, Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, ONG ambientalistas, prensa, radio y televisión, ciudadanía en general.

 

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