Planeta Paz

LA COMUNICACIÓN EN PLANETA

PLANETA PAZ es un proyecto que se propone actuar con las organizaciones sociales populares para generar propuestas de solución política negociada del conflicto colombiano.

La primera pregunta que cabe formularse es ¿a qué conflicto se hace referencia?

Los ejercicios de interlocución desarrollados por el Proyecto con líderes de las organizaciones sociales populares muestran que en Colombia se habla al tiempo de varios conflictos, que se interpretan desde perspectivas ideológicas y políticas diferentes y según los intereses de los actores, en un diálogo de Babel, donde la comunicación suele brillar por su ausencia.

Las interpretaciones apuntan a que en Colombia se vive uno de estos conflictos: social y político; fundamentalmente militar; fundamentalmente económico; dos conflictos de naturaleza diferente y con actores diferentes: uno militar y otro social, político y económico.

Estas visiones diferentes del conflicto conducen a un problema de entrada: es difícil encontrar formas de trabajo y soluciones comunes a algo que se interpreta de manera diferente. Pero conducen a un reto interesante: es necesario encontrar elementos comunes de interpretación para proponer soluciones conjuntas.

El trabajo desarrollado por PLANETA PAZ en esta perspectiva ha permitido llegar a una interpretación común entre líderes sociales populares: el conflicto colombiano debe entenderse como aquel en el cual el conflicto armado es la principal y más elevada manifestación de los conflictos sociales, políticos y económicos que se presentan en la sociedad colombiana.

Esto quiere decir que la confrontación armada no es el problema principal y que la solución a los conflictos no está solamente en la dejación de las armas por parte de los grupos que las utilizan como mecanismo de coerción. El desarme debe entenderse entonces como uno de los mecanismos para desactivar los conflictos, pero no el único ni el fundamental.

Desde esta visión del conflicto, el Proyecto PLANETA PAZ ha organizado su trabajo en torno a dos ejes: primero, la construcción de la “Agenda Mínima para la paz”, entendida como la construcción colectiva de líderes sociales populares de la agenda que a su juicio debe ser llevada a una mesa de negociación política del conflicto; segundo, el diseño y formulación de “políticas públicas para una paz sostenible”, que corresponde a la formulación en clave de política pública de las propuestas de las organizaciones populares para resolver los conflictos sociales, políticos y económicos.

Desde estos dos ejes, el Proyecto busca hacer incidencia en al menos tres instancias: en líderes de las organizaciones sociales populares, en cuanto es necesario construir las propuestas con ellos y ellas; en instancias de decisión política, como el Congreso de la República y en gobiernos alternativos; en medios de comunicación masiva y alternativos.

El desarrollo del trabajo de incidencia tiene como componente básico la comunicación. PLANETA PAZ no busca incidir por sí mismo; tiene como objetivo que sean los líderes –hombres y mujeres- quienes incidan con sus propuestas y con su voz. Es por ello que PLANETA PAZ entiende la comunicación como un factor de poder, que requiere una comprensión y unos desarrollos políticos más que instrumentales.

En términos del Proyecto, el objetivo es el de apoyar el desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas para que líderes de las organizaciones populares puedan  expresar a la sociedad los contenidos de sus propuestas. De este objetivo se han derivado tres líneas de acción: la comprensión del significado del derecho a la comunicación, la visibilización de las propuestas de las organizaciones y el desarrollo de medios institucionales.

El Proyecto ha colocado entonces el énfasis en actividades tendientes a:

1. comprensión y exigibilidad del derecho a la comunicación, en un contexto en el cual la concentración de la propiedad de los medios masivos impide el acceso a la información e invisibiliza las acciones de las organizaciones;
2. diseño y formulación de propuestas de política pública en comunicación;
3. desarrollo de relaciones intersectoriales para análisis crítico de la comunicación;
4. desarrollo de capacidades comunicativas, tanto en términos de ayudar a la organización a comprender la importancia de comunicar y comunicar bien, como en términos de consolidar a líderes y organizaciones como fuentes de información;
5. diseño de estrategias comunicativas y de medios;
6. capacitación con periodistas para el manejo de mensajes y de medios;
7. capacitación y elaboración propia de comunicados, audios, boletines, videos, web, radio y televisión;
8. apoyo financiero para campañas comunicativas;
9. investigación y producción de corte académico sobre la comunicación.

El trabajo que ha desarrollado PLANETA PAZ en comunicación en los últimos cinco años se ha inscrito en esta perspectiva, buscando dar cumplimiento a la Misión del Proyecto, dentro de la cual se intenta dejar valores agregados a las organizaciones, es decir, aportes que vayan más allá de las acciones cotidianas y operativas, y que sean significativos para el logro de una paz negociada y sostenible.

El aporte de Consejería en Proyectos, con recursos de ASDI, que complementa los otros aportes de cooperación que se reciben, han sido vitales para cumplir las tareas propuestas.

II
    

Después de tres años de gobierno del Presidente Uribe, el conflicto armado no ha terminado, no obstante que el gobierno ha implementado diferentes estrategias para reestructurar los términos de la guerra: arrinconar a las guerrillas para lograr una negociación y negociar la desmovilización de los paramilitares. Para ello, ha  fortalecido el aparato militar, creado redes de informantes, realizado detenciones masivas y reubicado las tropas en zonas desmilitarizadas.

El presidente ha buscado también consolidar su mando sin la intermediación partidista, centrando el apoyo en la ciudadanía por vía de la rendición de cuentas, la presencia en todos los lugares del país y el uso intenso de los medios masivos de comunicación.

El gobierno de Uribe también ha intentado consolidar su proyecto a partir de   desmantelar la Constitución de 1991 y debilitar la división de poderes de tradición liberal. Prueba de ello son los intentos por reformar la Corte Constitucional, el Congreso, la tutela, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, la Rama Judicial en su conjunto, y la aprobación de la reelección inmediata del presidente para dar continuidad a su proyecto político.

Por el lado de los grupos armados, las FARC siguen utilizando sus estrategias de repliegue y ataque, además de los secuestros para presionar el intercambio y la sostenibilidad de su accionar en el largo plazo. Las AUC se han adentrado en el triple juego del desarme de algunos bloques, la permanencia de otros y el juego político,  obteniendo jugosos beneficios, y el ELN definió una estrategia de negociación que se concreta en la Casa de Paz.

La sociedad en este contexto se ha convertido en una sociedad asediada, en donde la prensa y los medios se autocensuran o se ven sutilmente presionados a censurarse; los vecinos se ven arrastrados en redes de informantes; las detenciones masivas amedrentan; los homicidios disminuyen pero las desapariciones y las amenazas van en aumento.

De igual manera, continúa la tendencia hacia el unanimismo de opinión en el contenido ofrecido por los medios masivos hacia la opinión pública, específicamente en lo relacionado con la orientación general del Gobierno hacia una política militarista, tanto frente al tema del conflicto armado como en lo referente al conflicto social.

Las agendas informativas están en su mayoría orientadas hacia la legitimación del modelo de Gobierno, sus relaciones internacionales y la política pública de orden nacional, teniendo como rasgo característico la unilateralidad de las versiones y la prevalencia de la fuente oficial. Este tipo de actitudes y posiciones continúan haciendo de los medios masivos un escenario estratégico del conflicto. Los casos que se apartan de esta media, son amenazados o asesinados, como lo demuestran las acciones contra Daniel Coronel y el asesinato de XXXXXX periodistas. 

Se presenta una comunicación para soslayar el conflicto, con emisoras del ejército y de la policía, que hace aparecer a las instituciones militares como portadoras de información legitimada, convirtiendo esta información en instrumento de guerra. Se utilizan a los medios como componentes de la sociedad civil para la doctrina de la “seguridad democrática”, convirtiendo a la sociedad en un espacio antinsurgente.

Con al política de “seguridad democrática” se ha consolidado una nueva cultura paramilitar, con símbolos, relatos y medios, con mitos como son: “no hay conflicto armado”, con Uribe como símbolo de esta cultura. Se debe desde los “otros” medios, oponerse con movimientos y sectores autónomos, que rebatan la avalancha cultural, promoviendo diversidad y pluralismos.

La persecución a los comunicadores por parte del los actores armados y el gobierno, presiona a los comunicadores para evitar recibir información de otras fuentes que no sean las “oficiales”. Las amenazas y extorsiones de las que son víctimas los periodistas, generan desplazamientos internos de ellos hacia otras ciudades en busca de condiciones más seguras para sí mismos y sus familias, principalmente desde municipios del interior del país hacia la capital. Al respecto, las medidas preventivas actualmente existentes, principalmente el Programa de Protección del Ministerio del Interior, siguen siendo insuficientes para dar cuenta de esta situación.

La aguda situación de derechos humanos que vive el país ha venido afectando fuertemente a algunos sectores del periodismo nacional así como a los comunicadores empíricos y alternativos que realizan su labor desde medios comunitarios, locales y ciudadanos. Esta situación ha permitido que se consolide en la esfera pública la preocupación acerca del “derecho a la comunicación” referido específicamente a la libertad de expresión, sobretodo en lo que se refiere al conflicto social y político armado que vive el país, constituyéndose en uno de los aspectos más relevantes de los que componen el derecho a la comunicación. 

El horizonte de la promoción y defensa de la comunicación como derecho se relaciona estrechamente con el contexto político y social del país. Las condiciones del ejercicio concreto de la posibilidad de comunicar son construidas en un contexto de polarización política del país, en el que la promoción de la agenda Social para el Derecho a al Comunicación, en sus diferentes aspectos, continúa siendo vigente. El reto de una acción encaminada a apoyar este proceso en el futuro inmediato depende de la posibilidad de poner en práctica las propuestas y líneas de acción que los sectores populares han construido.

Realizar un acercamiento a la situación de este derecho en Colombia implica considerar dos aspectos fundamentales: una parte, los aspectos normativos, que tienen que ver con las garantías de orden constitucional, legal y la estructura institucional de Estado destinada para la administración y prestación de los servicios, y la generación de política pública. Al aspecto, puede decirse en general que en Colombia existen las garantías de orden jurídico necesarias para salvaguardar del derecho a la comunicación, aunque aún existen aspectos específicos en los cuales aún no existen desarrollos legislativos.

En Colombia, se puede decir que existe una distancia fundamental entre las garantías de orden constitucional, el marco jurídico regulativo y la política pública del Estado, y las condiciones reales del ejercicio del derecho en sus diferentes manifestaciones. Eso nos lleva necesariamente a integrar al análisis de los aspectos institucionales a una comprensión del conflicto social y político armado que vive el país.

De esta manera, el derecho a la comunicación en Colombia, en sus diversos aspectos, no puede separarse del contexto que configura las relaciones en que se realiza. Esta debe contemplar tanto a los actores como a las relaciones que inciden en las prácticas comunicativas, permitiendo darle una dimensión adecuada a los aspectos institucionales y de política pública.

El proyecto de investigación “Gobernancia global y derecho a la comunicación”, desarrollado por el equipo de comunicación del Proyecto PLANETA PAZ, con la colaboración de Colnodo-APC y el Proyecto Orión, y en el marco de la Campaña CRIS internacional, permite ver cómo en una serie de aspectos diversos del derecho a la comunicación aún no se han producido desarrollos legislativos y de política pública, y que el debate público al respecto es aún incipiente. Sin embargo, otros aspectos resultan profundamente relevantes y se distinguen por permanecer en el debate público y ser fuertemente impulsados por organizaciones de la sociedad civil.

El horizonte de los actores populares es influido por este contexto en la medida en que su acción se desarrolla en el marco de condiciones que dificultan gravemente el ejercicio del derecho a la comunicación, con las implicaciones que esto tiene para la construcción de un proyecto de democracia incluyente y pluralista. El desarrollo de estrategias para desactivar el conflicto en sus manifestaciones comunicativas pasa por reconstruir las prácticas de comunicación desde los contextos locales. En esa medida, es de gran relevancia documentar y divulgar lo que sucede en las regiones del país, así como acompañar los procesos de defensa y movilización alrededor del derecho a la comunicación, de la mano de aquellas organizaciones que se dedican a visibilizar la situación de derechos humanos de comunicadores y comunicadoras de todo el país.

Desde procesos como la Campaña CRIS y la Mesa Bogotana de Comunicaciones se ha visto la necesidad de reivindicar la comunicación como un servicio público. Para fortalecer y visibilizar los procesos de organización, resistencia y proposición de los sectores populares organizados alrededor de procesos comunicativos, para hacer de la comunicación una realidad viva y actuante que posicione las agendas sectoriales y las posibilidades de los sectores sociales que buscan una sociedad democrática. Estos sectores ven en la comunicación la posibilidad de construir una comunicación horizontal en donde los diferentes medios de comunicación local y comunitaria tengan una incidencia real en las agendas políticas de la nación. Desde esta visión, se plantea la necesidad de dar un giro a la forma tradicional como se han generado los procesos de paz hasta el momento en donde los sectores sociales populares no han tenido ninguna incidencia.

Los comunicadores deben ayudar a visualizar la realidad del país en las regiones, enfatizando las problemáticas y el conflicto armado desde lo local, generando otros puntos de vista en los medios y en la información. Se propone generar nuevos lenguajes través de nuevos formatos mediáticos, como respuesta a la invisibilización de los grandes medios.

Si la comunicación es considerada un derecho fundamental desde la Constitución y es un bien público, se crítica desde los medios comunitarios el papel que desempeña el Ministerio de Comunicaciones, más cercano en sus políticas a los grandes medios de comunicación. Esta acción, poco incluyente del Ministerio, hace más evidente los siguientes problemas:

- la realidad mostrada por los medios y la que se oculta;
- los medios comunitarios en mano de la iglesia, dirigidos a proselitismo religioso;
- los temas de las libertades de expresión, los derechos civiles y de la persona, ausentes del debate sobre la comunicación;
- la sostenibilidad de los medios comunitarios, dependiente de apoyo económico de empresarios, a lo que se suman altos costos de funcionamiento, impuestos y dificultad para obtener licencias;
- libre expresión vs. pauta publicitaria; divulgar información diferente tiene un límite en lo económico;
- cada grupo impone su verdad, por ello, el que comunica debe ser el ciudadano, por lo que hay que fortalecer los procesos organizativos sociales;
- formatos de producción transnacionalizados;
- medios sometidos a diferentes censuras: una a través de la ficción de los grandes medios, la económica, la jurídica y la militar.

Este conjunto de problemas llevan a pensar que la comunicación, como elemento político y de poder, debe visibilizar a los sectores sociales populares, convirtiéndose en articuladora para fortalecer los procesos sociales.  De ahí la importancia de la construcción de lineamientos de política pública apropiados por los sectores sociales populares.