Bogotá.
Febrero 14 de 2007. Planeta Paz. Así lo informó, el Ministerio
de Comunicaciones en respuesta al Derecho
de Petición presentado por las organizaciones de radios comunitarias de Bogotá en
octubre de 2006, debido a que las explicaciones dadas por esta entidad
del por qué no ha realizado la convocatoria en las ciudades capitales
para adjudicar las licencias de radios comunitarias fueron repetitivas
y carecían de fondo *.
La Cartera de Comunicaciones, agregó que “en la actualidad, esta entidad se encuentra en la fase final de estudio de aspectos técnicos concernientes a las Frecuencias de Operación a utilizar, las potencias asignadas, así como los sectores de las ciudades capitales a los que se les va a permitir la participación en la mencionada convocatoria ** ”
Durante más de una década, las organizaciones que hacen radio comunitaria en Bogotá, le solicitaron al Ministerio la apertura de la licitación de radios comunitarias para la ciudad. Sin embargo, el Ministerio aducía en cada solicitud, una nueva excusa para no hacerlo.
Las razones expuestas durante ese tiempo fueron que no se habían realizado
los estudios técnicos, que aún no había frecuencias asignadas
y que las capitales tenían una sobreoferta de medios y que por lo tanto
no era prioritario este servicio.
Arauca, Florencia, Guainía, Mocoa, San Andrés y Yopal, son las únicas capitales a las que se les adjudicó emisora comunitaria y básicamente se debe a la poca oferta de radiodifusión sonora por parte de las emisoras comerciales.
Ante la negativa del Ministerio de abrir la licitación, en septiembre de 2005, las organizaciones presentaron una acción de Tutela contra el Ministerio de Comunicaciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, en esta primera instancia se denegó, por lo que fue apelada ante el Consejo de Estado que también la denegó.
A principios de 2006, se solicitó a la Corte Constitucional que revisara la Sentencia de los dos primeros fallos. Esta labor fue acompañada por otras organizaciones que trabajan en el país en la defensa de la libertad de expresión como la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, la Asociación de Facultades de Comunicación –AFACOM- y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central.
Durante los años que duró la lucha de las organizaciones sociales
para que se abriera la licitación, las radios comunitarias de las capitales
fueron señaladas de ilegales. Carlos Acero, de Antena Ciudadana señala
en una entrevista con Planeta Paz que ese fallo de la Corte les quita ese “mote” de
ilegales y reconoce el trabajo comunitario.
En la sesión del 3 de marzo de 2006, la Corte la seleccionó para su revisión y fue designado como Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. Posteriormente, en sentencia del 8 de junio fue concedida la Tutela. Ver sentencia T 460 del 2006.
El organismo de control constitucional ordenó a la Cartera de Comunicaciones dar respuesta de fondo a las solicitudes que por más de 10 años realizaron las asociaciones de radios comunitarias de Bogotá y que los argumentos no podían ser “réplica “ de los hasta ahora dados.
La Sentencia de la Corte marca un hito en la legislación de la radio
comunitaria en Colombia, ya que establece expresamente como derecho fundamental
la creación de emisoras comunitarias y además aclaró que
si bien “el requisito de las licencias no constituye una forma de control
previo de aquellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos
humanos, puesto que su finalidad no es impedir el ejercicio del derecho. Sin
embargo, el referido requisito no puede llegar a convertirse ni en una forma
de censura ni en un obstáculo desproporcionado al ejercicio del derecho”.
Sin embargo, el Ministerio en respuesta de 11 de agosto de 2006, no sólo amplió las mismas justificaciones dadas anteriormente, sino que precisó que aún no había considerado viable la “adjudicación de licencias para prestar el servicio de radio comunitaria en Bogotá y otras capitales”. Además, explicó que es un proceso complejo administrativa y logísticamente, y que por lo tanto “cabe señalar igualmente que el Ministerio de Comunicaciones no tiene a su cargo sólo el otorgamiento de concesiones para el servicio comunitario de radiodifusión sonora, sino todo un cúmulo de responsabilidades y funciones del sector de telecomunicaciones y servicios postales”.
Ahora la tarea, es establecer un control de transparencia en el proceso de adjudicación de licencias para quienes prestarán este servicio y para vigilar que realmente accedan las organizaciones comunitarias.
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