| Sectores Sociales - Ambientalistas | Sept.
2001 |
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| Retrospectiva
En Colombia, en 1952 y partir del diagnóstico hecho por la primera misión del Banco Mundial, invitada al país por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se estableció la División de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, primer intento de establecer una gestión moderna de los recursos naturales renovables, en el ámbito nacional. A pesar de la prioridad que esa cartera dio siempre a los objetivos de explotación sobre los de conservación, se adelantaron programas y se estableció una normatividad que contribuyó a fomentar el uso racional del entorno. Entre la década del 50 y la del 70 nacieron las Corporaciones Autónomas Regionales y departamentales. En 1972 se realizó la Conferencia de Estocolmo, que logró incorporar el tema ambiental en la agenda global y abrió el debate acerca de sus componentes y variables. Estocolmo marcó una polarización entre las prioridades del desarrollo económico y la protección ambiental que ha dominado el debate entre países ricos y pobres, y que es un conflicto aún por resolver. Al mismo tiempo que la Conferencia de Estocolmo marcaba un nuevo rumbo en el interés público por el ambiente, en Colombia se adelantaban diversas actividades que evidenciaban el precario conocimiento sobre la situación ambiental del país. Se gestaron diversas iniciativas gubernamentales y no gubernamentales, se crearon departamentos de biología en diferentes universidades y se fundó el Instituto de Recursos Nacionales Naturales -Inderena-. Para la década de los 80, el hecho más significativo fue la creación de los Consejos Verdes, concebidos como una instancia para que la sociedad civil propugnara por la defensa de los intereses ambientales de los municipios y se constituyera en un soporte para la gestión pública ambiental. Además de los Consejos Verdes, en la misma década surgieron en la sociedad civil otros dos tipos de instituciones: aquellas con una orientación conservacionista, (Fundación Natura, y Pro Sierra Nevada de Santa Marta) y otras con un compromiso político o social (Grupos Ecológicos de Risaralda). Muchas de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, que aparecieron en la época se concentraron en la educación, en la participación comunitaria y la divulgación ambiental. Con el tiempo, algunas ONG se han dedicado a promover procesos de concertación para la promulgación de instrumentos legales que defiendan el conocimiento tradicional, la garantía de la seguridad alimentaria, el control de la bioseguridad, el régimen especial de acceso a los recursos genéticos, así como el reconocimiento de los derechos intelectuales colectivos relacionados con el conocimiento que tienen las comunidades sobre los usos tradicionales de la biodiversidad. A pesar de los esfuerzos tanto del gobierno como de las organizaciones privadas, los datos arrojados por el informe nacional presentado para los debates que conducían a la Cumbre de Río en 1992 fueron muy dicientes de las graves implicaciones de la crisis ambiental colombiana, situación que contribuyó a la gran movilización que se ha venido dando en el país hasta nuestros días. Características y situación actual Según el informe mencionado, el 30 por ciento de la cobertura vegetal del país ha sido destruida con la consecuente desaparición de ecosistemas únicos y endémicos. La tasa de deforestación se ubica hoy en cerca de 300 mil hectáreas anuales que contrasta con la baja actividad de reforestación para fines de restauración, que apenas alcanzó a las 300 mil hectáreas en el período 1963-1995. |
Documentos de interés
Protocolo de Kyoto Los desafíos ambienales o la tragedia actual de los bienes comunes en la era del neo-liberalismo En Estados Unidos, un texto de geografía, para 6º grado señala que ellos tomaron control del Amazonas. Algunos elementos para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la defensa del agua y las especies autóctonas vegetales y animales Defensoría
del Pueblo solicitó revisión y ajuste del proyecto de rehabilitación
de la zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental
del humedal de Córdoba, en Bogotá Lo ecológico y lo social: combates, problemas, marxismos Gobernabilidad del agua en las Américas - una tarea inconclusa |
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Asimismo,
cerca del 40 por ciento de los suelos del país se usa para fines
distintos a los de su vocación. Muchos son De otra parte, la magnitud del conflicto armado en Colombia no ha dejado intacto casi ningún rincón de la geografía nacional, amenaza que se cierne también sobre los Parques Naturales y áreas de reserva, donde se concentran gran parte de los grupos armados de derecha e izquierda. La
agudización del conflicto ha puesto el tema ambiental, y en particular
a sus activistas, en el "ojo del huracán", como lo confirma
el asesinato brutal de los funcionarios del parque de los Katíos,
el bombardeo de resguardos indígenas por parte del ejército
y de la guerrilla, el cruento asesinato de los defensores de una reserva
privada en el páramo de Sumapaz (Mario Calderón y Elsa Alvarado),
y las amenazas contra defensores del ambiente en diversas regiones del
país, por citar algunos casos.
En cuanto a la participación ciudadana en los asuntos ambientales, la Constitución de 1991 abrió importantes posibilidades en este campo. Sin embargo durante sucesivos gobiernos las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales ambientales han insistido en la necesidad de ampliar la participación activa de la comunidad en la definición de políticas ambientales para la protección de los derechos ambientales y la conservación de los ecosistemas en el marco del reconocimiento y protección de la diversidad natural y cultural de nuestro país. La
indiferencia estatal se ha expresado también ante otras dimensiones
de la participación pero ello no ha impedido que los ciudadanos
utilicen los derechos que la ley les otorga o que realicen miles de acciones
grandes o pequeñas a favor de la conservación del ambiente.
Por su parte y a pesar que la constitución promueve la participación de todos en las decisiones que puedan afectarnos, la representación de las ONG así como la de las organizaciones étnicas que participan en la orientación de las Corporaciones Autónomas Regionales, la real incidencia en el cambio apropiado de las políticas ambientales sigue siendo muy discutible: los atentados al ambiente y a las comunidades étnicas siguen siendo uno de los mayores problemas ambientales, así como los procesos de contaminación urbana, el desarrollo de megaproyectos energéticos, viales y mineros, entre otros, no solo afectan los derechos colectivos ambientales sino que atentan gravemente contra la integridad del ambiente y los ecosistemas. |
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