El paro cívico del 14 de septiembre de 1977 estremeció a la opinión pública nacional e internacional al develar la magnitud de la inconformidad de una comunidad que se sumó a la convocatoria sindical. Con logros y alcances todavía debatidos por investigadores y luchadores, en la práctica esa jornada dividió en dos la historia de las luchas sociales en Colombia.

Independientemente de si las luchas cívicas son una expresión estrictamente urbana, lo cierto es que a mediados de los 80 crecían los movimientos cívicos a lo largo y ancho del país. Desde el nordeste antioqueño hasta el extremo sur y norte y la región andina, pasando por los llamados territorios nacionales en ese entonces, los paros cívicos y acciones de taponamiento de vías, bloqueos a los terminales aéreos o marítimos, se convirtieron en pan de cada día. El gobierno tuvo que especializar a un grupo de funcionarios suyos en suscribir acuerdos con comunidades urbanas y rurales.

Fue tal el auge y la contundencia de las acciones cívicas que en 1985 se conformó la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos, CNMC, con logros parciales en materia de centralización y coordinación de actividades. A los debates ideológicos alrededor de la movilización popular se sumó la guerra, acallando la voz de sus dirigentes.

Prácticamente con el exterminio de los líderes cívicos más representativos, unidos entre sí por el interés de servir a sus comunidades, se dio inicio a la guerra sucia contra la dirigencia popular y de izquierda colombiana. La efímera vida de la CNMC no alcanzó ni siquiera para sistematizar los acuerdos suscritos con los representantes del gobierno en todos sus niveles.

No obstante, en medio de la guerra las movilizaciones cívicas continuaron, así como las necesidades sociales de la gente. Esas manifestaciones se desarrollaron de manera dispersa y prácticamente sin hilo conductor. Con contadas excepciones, las actas suscritas difícilmente fueron revisadas al momento de refrendar nuevos convenios con los representantes del establecimiento.

Manifestación organizada en Bogotá por el Grupo de Trabajo en Derechos Humanos.
Los activistas colombianos son víctimas de abusos que van desde el hostigamiento y la intimidación hasta la desparición y la muerte.

Algunas de las movilizaciones "cívicas" nos remontan al drama de núcleos agrarios como caficultores y productores de algodón. También las acciones en defensa de la vida, protagonizadas, en los últimos tiempos, por los pobladores de Urabá, sur de Bolívar y Magdalena Medio entre otras regiones.

Al paro cívico del Macizo del 96 siguió la parálisis de 27 días a finales de 1999, en demanda del cumplimiento de las sucesivas actas de compromiso. Popayán quedó virtualmente bloqueada, así las movilizaciones tuviesen lugar en sitios distantes.

Los mayores logros del CIMA en la fusión de la movilización con las urnas fueron obtenidos durante los comicios electorales de 2000, cuando se fundieron en el Bloque Social Alternativo, ganando la gobernación del Cauca, en cabeza del indígena guambiano Floro Alberto Tunubalá.

Según la experta en movimientos cívicos, Martha Cecilia García, del Cinep, el fenómeno del CIMA devela el renacimiento de una expresión de lucha popular que durante la década anterior llegó a considerarse extinto. Los pobladores urbanos y rurales continúan recurriendo a las acciones colectivas en la búsqueda de soluciones a sus necesidades, siempre tratando de proveerse de algunos niveles de coordinación.

No obstante, las luchas de los usuarios del UPAC, como de los servicios públicos, han logrado establecer algunas instancias de coordinación, al punto que los primeros obligaron al Congreso a introducir algunos cambios en la estructura del UPAC, incluido el cambio de nombre.
Por su parte, los usuarios de los servicios públicos continúan tratando de ampliar la coordinación más allá de ciertos municipios, ciudades y micro regiones. Luchan por establecerse como un solo interlocutor.