Hoy en el espacio de la Mesa Permanente de Concertación, los pueblos Indígenas dan a conocer al Gobierno Nacional y a la opinión pública la siguiente posición:
POSICIÓN POLÍTICA DE LOS DELEGADOS INDIGENAS DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TERRITORIO.
Nosotros, los Delegados Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas y de la Comisión Nacional de Territorio, reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días 23 y 24 de enero de 2012, después de reflexionar sobre nuestra participación en las consultas previas al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, al Decreto Ley 4633 de 2011 para la atención, asistencia y reparación de las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas y, el trabajo adelantado en la formulación del Programa de Garantías, así como de analizar la grave situación humanitaria que afrontamos los pueblos indígenas de Colombia, quienes seguimos siendo sujetos de asesinatos, desplazamientos, violaciones sexuales a menores, así como de otras graves y manifiestas vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH; como también el sinnúmero de concesiones mineras, agroindustriales y megaproyectos de infraestructura y de explotación de recursos naturales, vulnerando el derecho fundamental a la consulta previa; INDIGNADOS por las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno Nacional; en defensa de la vida, el territorio, la autonomía, la cultura y la unidad de los pueblos, nos permitimos MANIFESTARLE al Gobierno Nacional y a la opinión pública nacional e internacional, que:
"Garantizar el derecho fundamental y colectivo a la participación y la libre determinación de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, representadas por sus consejos comunitarios y organizaciones propias, en el proceso de consulta previa y consentimiento previo libre e informado del proyecto ley de tierras y desarrollo rural, en cumplimiento de la normatividad vigente y de la decisión del Consejo de Estado Sentencia 530 del 5 de agosto de 2010 y los artículos 5 y 46 de la Ley 70 de 1993."
Gran Colombia Gold, “ensilla las bestias sin tenerlas”
Por: Oscar Gutiérrez Reyes
En comunicado oficial publicado en su página Web y enviado a diversos medios de comunicación, la multinacional Gran Colombia Gold Corp expresa una serie de verdades a medias, es decir, una gran cantidad de mentiras que deben aclararse, a fin de proteger los intereses y defender los derechos de quienes habitan en Marmato.
Con el ánimo de trasmitir la sensación de que tiene casi resuelta la expulsión de los habitantes de Marmato, la multinacional asevera que “En el Proyecto Marmato, hay unos pocos títulos formales que resta adquirir, así como algunos mineros artesanales que deben mover sus operaciones”. Verdad a medias porque, si bien es cierto, la compañía ha adquirido un porcentaje importante de títulos mineros, también es cierto que lo ha hecho violando la legislación y de manera fraudulenta ya que la zona media y alta del Cerro del Burro, está destinada, por Ley, a la explotación por parte de pequeños y medianos mineros. Pero, además, es clara la voluntad de varios centenares de ellos de no vender sus títulos y menos aún de “mover sus operaciones” como alegremente afirma la compañía.
Varias decenas de organizaciones sociales se han unido en apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto de construcción de la hidroeléctrica el QUIMBO, que conlleva la tragedia vivida por víctimas de cientos de proyectos similares desarrollados en el país, como lo fue en 1986 La Salvajina en el departamento del Cauca, donde aún hoy son evidentes los impactos socio - económicos y ambientales;
la destrucción de vastos territorios que nunca fueron repuestos a las comunidades indígenas, afros y campesinas, la dificultad del paso por problemas de trasporte fluvial o terrestre en tiempos de invierno y de sequia; así como otras de carácter productivo en la zona debido al cambio de temperatura en los suelos de la región.
